Rolando Arellano Cueva-Profesor de Centrum Católica
Aprovechando el sentido peyorativo de la palabra “publicidad”, con la ley que “prohíbe la publicidad estatal en medios privados” los parlamentarios limitan a los ciudadanos la posibilidad de estar bien informados. Y también dificultan que el Gobierno les “parle” para buscar su participación. Veamos.
Primeramente debe señalarse que esta ley no limita la “publicidad”, término que la mayoría de personas interpreta como mensaje que muestra las bondades de un producto para aumentar su preferencia, sino la comunicación en general por medios privados, que son los más eficientes. Si cambiamos la palabra “publicidad” por “comunicación” cada vez que mencionemos esa ley, veremos que el sentido cambia de manera radical.
Cambia porque esta ley olvida que el Estado tiene básicamente tres grandes herramientas para gobernar democráticamente; la educación, la motivación y la obligación a los ciudadanos. Y olvida que las tres pasan por la comunicación. Así, la nueva ley le limita la posibilidad de educarlos, como enseñarles a dar hierro a sus hijos para evitar la anemia. También le limita el motivarlos, como estimularlos a formalizarse a cambio de beneficios tributarios. Y si bien puede forzarlos a cumplir las leyes, esta ley limita su efectividad, pues nadie cumple con lo que no conoce.
Ciertamente la palabra no ha sido fundamental para gobernantes como Alberto Fujimori o Luis Castañeda. Pero eso es lo que quizás en gran parte explica por qué aquí las leyes no funcionan bien y muchos peruanos prefieren vivir en la informalidad. Por el contrario, sabemos que los mensajes por radio de Winston Churchill pidiendo sangre, sudor y lágrimas a los británicos fueron más poderosos que miles de barcos o cañones. De hecho, en el Perú, muchos recordamos a Fernando Belaunde por sus floridos discursos buscando la “cooperación popular”, y sabemos que el único poder real de Víctor Raúl Haya de la Torre fue su palabra, sus diálogos con los jóvenes y sus frases, como “Pan con libertad”. Probablemente ellos no aprobarían una ley “mordaza” (otro término peyorativo) parecida.
En fin, más allá de lo que esa ley implica sobre los derechos de los medios de comunicación privados, ella preocupa porque muestra la poca importancia que algunos políticos dan a la comunicación del gobierno con sus ciudadanos para educarlos, motivarlos e informarlos. Sabemos que a veces la inversión estatal en comunicación es mal usada y debe regularse mejor, pero debe hacerse yendo a la esencia del problema y no a una lucha de términos subliminales como ley “publicidad” frente a ley “mordaza”. Porque tal como está expresada hoy, lo único que hará esa ley es que se resquebraje, aun más, la comunicación entre el Estado y el pueblo.
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